Al fin se ha hecho justicia con la sentencia del TEDH de Estrasburgo, que condena a España por no investigar las torturas denunciadas por Martxelo Otamendi tras el cierre del diario Egunkaria, aunque nada pueda borrar ya el infame cierre y las simulaciones de asfixia y humillaciones homófobas del periodista recibidas por la Guardia Civil. Poco queda por decir de esta noticia, salvo que ya hemos perdido la cuenta del número de veces que Estrasburgo ha condenado a España por mirar para otro lado ante la lacra de la tortura, y que podemos llegar a un par de conclusiones, la primera, que después de cerrado este último episodio de este lamentable suceso, sería justo que quienes se sentaran en el banquillo de los acusados fueran el exministro del interior Angel Acebes, el de justicia Michavila y el Juez del Olmo por ser responsables directos del cierre ilegal, los guardias civiles que interrogaron bajo régimen de incomunicación a Otamendi por las torturas a las que más que presuntamente le sometieron, y de paso unos cuantos periodistas por las difamaciones y calumnias que vertieron sobre los detenidos cuando TODOS los medios de comunicación españoles SIN EXCEPCION aplaudieron este atropello.
La segunda conclusión y más grave si cabe, es que se puede afirmar a día de hoy y sin ninguna duda que la práctica del mirar a otro lado ante la tortura en España es sistemática. Es legal torturar y no existe absolutamente ningún amparo legal para quien la sufre. Y la razón sobre el por qué del éxito e impunidad de esta lacra abominable radica en la propia naturaleza de la sociedad española, existe en la opinión pública española de manera casi unánime la idea de que un detenido, sea cual sea su delito, no tiene ningún derecho, y por tanto es natural que un policía, pueda infringirle cualquier tipo de trato a éste. Es ahí donde empieza todo, creando un caldo de cultivo en la sociedad envenenado, donde tal pensamiento se transmite de generación en generación. De esa sociedad enferma es de donde se deriva todo lo demás, porque el español que nace, se desarrolla y crece en ese pensamiento, el día que se mete a policía, cuando tenga la oportunidad de torturar a un detenido bajo su custodia, lo hará. Si se mete a juez, mirará para otro lado ante la denuncia y si se mete a periodista lo aplaudirá.
También resulta evidente comprobar, cuál honda será la profundidad de las cloacas del Estado, cuando éste acepta sin rechistar en todos los casos pagar la indemnización de 24.000 euros por el delito de no investigar, antes que abrir una investigación seria que llegue a donde tenga que llegar en cuanto a las responsabilidades de quien practica y ampara la tortura, igual faltarían cárceles en España. Es muy triste reconocerlo pero es así, la tortura goza de una legitimidad social en España irreparable, nada se puede hacer, al menos en pocos años para frenar una mentalidad viciada durante más de 300 años, la tortura seguirá practicándose y amparándose porque la sociedad la aprueba, esta sociedad está perdida y no se puede enderezar su mentalidad, a no ser que se arrase con todo para empezar desde cero, pero ni aún así, en España podría salir bien la cosa, como diría una graciosa canción de Bizardunak «Los de siempre quizá podrán escapar, en el arca de Noé haciéndose pasar por ratas, es vieja decepción»
El disidente 