ESTOS días he seguido con mucho interés el juicio que se celebra en San Sebastián contra 15 guardias civiles por torturas en la persona de dos miembros de ETA, ya condenados por el atentado de Barajas que costó la vida a dos personas y supuso el fin de una tregua de ETA.
No sé si hay otra forma de decirlo, pero me temo que lo que cala en la mente de los ciudadanos y de los espectadores es eso, que las víctimas de las torturas son autores de un crimen execrable, de forma que dan por bueno todo el daño que se les pueda hacer o haber hecho al margen de la condena ya sufrida.
Es elogiable, y revela una conciencia jurídica viva, que el fiscal haya dicho que aunque los hoy víctimas sean autores de un atentado, siguen siendo sujetos de derecho y merecen protección jurídica porque tienen derecho a ello, por lo que a las torturas se refiere. Una protección jurídica que debería equivaler a una protección social, pero eso es pedir demasiado
Ése es uno de los problemas sociales que plantea la existencia y práctica de la tortura. Por un lado su negación sistemática, de corte ideológico, y por otro su aceptación cada vez más extendida por su relación con el terrorismo o por lo que por tal se entiende. Lo fue en Argelia, en Francia metropolitana y en Indochina, y en Latinoamérica, donde amplios sectores sociales apoyaban de manera expresa todas las brutalidades y crímenes de Estado, y con ello se aseguró el silencio y la complicidad sociales, y lo viene siendo en todos los países que tienen articulado su sistema de seguridad alrededor de la amenaza terrorista, y en aquéllos que han sido ocupados manu militari por los anteriores como Irak o Afganistán.
Frente a lo que pueda decir el jefe del MI-16, me resulta más creíble lo que revelen los papeles de Wikileaks. Lo mismo por lo que se refiere a la Administración norteamericana que ya no puede negar los hechos ni recurriendo a esa falacia de la seguridad del Estado con el que se encubre el crimen (el Gobierno de José María Aznar con respecto al asesinato en Intxaurrondo de Mikel Zabalza en 1985).
Sigo el juicio de San Sebastián, llamado a ser histórico hasta desde un punto de vista estrictamente jurídico, y he visto que lo que unos medios ponen de relieve, ha sido silenciado por otros, y aún cuando algunos han reseñado que el juez ha dicho que no tolerará incidentes en la audiencia, no dicen a qué incidentes se refiere, cuando otros medios los describen con detalle y resultan cercanos al matonismo corporativo. Y veo también lo lejos que llegan los defensores en la desautorización de, por ejemplo, el testigo presencial de los hechos.
Y si digo que este juicio puede ser histórico es por la celeridad con la que se ha celebrado y no se ha perdido, como muchos otros casos (demasiados ya como para no ser tomados en cuenta), en meandros de procedimiento hasta desaparecer tragados por la burocracia, o por la desidia, o por la falta de real interés en investigar esas denuncias que se producen con preocupante regularidad por algo más que por prescripción de manual, y sin que las víctimas hayan sido acusadas de difamación o injurias a instituciones del Estado (un amplio saco de impunidad total).
He seguido, ya digo, el juicio, y he comprobado que en la mayoría de los medios de comunicación el caso no se ha tratado como una mera cuestión de justicia, sino a modo de posiciones políticas y partidistas. La negación sistemática de la tortura es casi una ideología, o cuando menos sostiene la más reaccionaria: con el poder siempre, con un ilimitado poder del Estado que, para sostenerse, puede y debe practicar el crimen, en secreto por supuesto.
Al margen de las pruebas presentadas, de que haya quedado más que patente que en la sala de audiencia se ha mentido con descaro y del resultado, tanto los medios de comunicación como los ciudadanos y el público que a ellos se asoma han tomado ya partido. Para la gran mayoría no se trata de condenar al culpable o de absolver a inocentes, sino de obtener un resultado que permita seguir sosteniendo que, en contra de lo que digan año tras año los relatores de la ONU, en España no se tortura o no se maltrata o como al final se acabe llamando a esa infamia.
El disidente 
Ha prendido la pólvora??
Tortura, impunidad e institucionalización PDF Imprimir E-mail
Editorial Deia
LA publicación por el diario británico The Guardian de los manuales de interrogatorio empleados por el Ejército británico -que incluyen tratos vejatorios, coacciones, privaciones sensoriales y acciones físicas contra los detenidos- apenas unos días después de que Wikileaks publicara pruebas de la aplicación sistemática del maltrato por parte de los soldados estadounidenses en Irak, así como la denuncia la semana pasada por el presidente del Comité Contra la Tortura de la ONU, Claudio Grossman, de que los abusos contra los detenidos son aún una dramática realidad en muchos de los 147 Estados que han ratificado la Convención contra la Tortura, constatan que incluso en el mundo desarrollado y en las llamadas democracias occidentales la estricta e imprescindible observancia de los derechos fundamentales no se preserva e incluso ha sufrido un injustificable retroceso en virtud de una mal entendida política de seguridad que ha venido fomentando en los últimos años determinadas actuaciones impunes y no precisamente individuales y aisladas. Que el actual relator especial de la ONU, Manfred Nowak, crea necesario recordar, ante los últimos datos conocidos, la «obligación moral y legal de investigar los casos creíbles» de torturas, no hace sino confirmar la vergüenza de unas prácticas que, lejos de ser erradicadas, parecen haber encontrado ámbitos de sombra en lo que debe ser la defensa ineludible e incuestionable de los Derechos Humanos sobre la que se fundamente la verdadera democracia. El Estado español no es precisamente una excepción al respecto. El juicio que se sigue actualmente en la Audiencia de Gipuzkoa contra quince miembros de la Guardia Civil por presuntas torturas a dos miembros de ETA permite comprobar que las dificultades y trabas interpuestas a toda investigación sobre una denuncia por abusos a los detenidos siguen siendo múltiples pese a que hace menos de un mes, el 28 de setiembre, el Tribunal de Estrasburgo ya condenó al Estado por incumplir el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos «ante la ausencia de una investigación efectiva» en el caso de torturas a otro preso de ETA detenido en 2002 y a pesar de que los informes de los predecesores de Nowak, denunciando que la tortura «es más que esporádica o accidental en el Estado español» (Theo Van Boven, 2004) y exigiendo «derogar el régimen de incomunicación» (Martin Scheinin, 2008), venían incidiendo en el mismo sentido. Esas dificultades y trabas que impiden una investigación exhaustiva y en su caso la depuración, incluso al más alto nivel, de responsabilidades en la conculcación de derechos elementales y en la impunidad que la alimenta sólo sirven para reforzar la idea de que, como en EE.UU. o Gran Bretaña, en el Estado español también se da una suerte de institucionalización de la tortura.